II Congreso Nacional Estado y Políticas Públicas
Extractos de la Mesa ¹.
“Proceso de pacificación en Colombia. Acuerdo de paz, las políticas públicas que demanda su implementación y la experiencia democrática emergente”.
Organizada por el Programa de Planificación Participativa y Gestión Asociada PPGA de FLACSO Argentina.
Los siguientes fragmentos retoman las ideas principales expuestas en la mesa.
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ANGIE TORRES (Investigadora de la Universidad Santo Tomás y miembro de la plataforma “Común acuerdo”).
Histórico del conflicto y del Acuerdo y balance de su implementación.
Antecedentes del conflicto.
“Las dos principales raíces del conflicto armado en Colombia están vinculadas al problema de la tenencia de la tierra, por una parte y la estructuración de una participación política restringida y una democracia limitada, por otra. Estas dos raíces de larga data, se profundizan entre las décadas de 1940 hasta 1970 por diferentes fenómenos históricos y políticos, entre ellos el frente nacional y la época de la violencia.(…) Durante la séptima plenaria de la conferencia central de las FARC, en 1982, estas toman la decisión de diversificar sus fuentes de financiación con actividades ligadas a la extorsión, narcotráfico y otras actividades ilegales. (…) A partir de ese momento, surgen los grupos paramilitares, como reacción de la derecha, buscando frenar la expansión de las FARC”.
Negociaciones anteriores.
“Con las FARC se habían dado dos intentos de negociación previas, la de “Casaverde” en 1984 y la del “Caguán” en 2002. Ambos procesos les traen beneficios políticos (1984) y mediáticos (2002). Sin embargo, el fortalecimiento de las fuerzas militares en el teatro de operaciones a través del Plan Colombia y los efectos negativos de la exposición mediática de las FARC, que sacó a la luz información estratégica y de operaciones que antes no era conocida por el gobierno, debilitó su capacidad de actuación en terreno y hace posible llegar a este tercer proceso de negociación, en condiciones muy diferentes a los anteriores”.
La negociación actual.
“…tenía un objetivo oficial: poner fin al conflicto armado, con la idea de construir una base sólida para que la paz sea estable y duradera. El gobierno buscaba acabar con un actor armado ilegal, mientras que el objetivo no oficial que tenía la guerrilla era igualmente el de llegar a ser actores políticos. Para la sociedad civil por otro lado, significaba la oportunidad de profundizar las promesas constitucionales referidas a participación política y cambio social consagradas en la constitución. Este proceso de cinco años se da bajo tres principios: confidencialidad; negociar en medio de la guerra hasta el punto final; nada está negociado, hasta que todo esté negociado (…) Los puntos acordados fueron seis: 1. Reforma rural integral. 2. Participación política, profundización de la democracia. 3. Solución al problema de las drogas ilícitas. 4. Refrendación de víctimas. 5. Fin de conflicto armado. 6. Implementación, verificación y refrendación.”
Balance de la implementación.
“…los indicadores de violencia directa ligados al conflicto se han reducido. Los indicadores de violencia criminal y violencia común han aumentado, debido al ingreso de actores ilegales que buscan controlar la minería ilegal, el narcotráfico y otras redes criminales. El informe del instituto KROC ² , muestra que de los 85 acuerdos del corto plazo, la mayoría está implementada y se cumplen bien, salvo en los temas de Justicia Especial para la Paz y de garantías de seguridad de los excombatientes(…) pero 67 de las 80 disposiciones de mediano plazo, relativas a la participación política, no se han activado (…) y, a largo plazo, cuya temática fundamental es la de la tierra, de las 23 disposiciones acordadas, sólo se han cumplido 12 (…) este punto el que más preocupa en su demora, por ser un tema estructural del origen mismo del conflicto.”
AMILCAR SALAS (Cientista político, Doctorado en Ciencias Sociales en la UBA investigador de realidades latinoamericanas).
Consideraciones sobre justicia transicional (Justicia Especial para la Paz – JEP).
“Desde una mirada al Acuerdo, abordando la juridicidad del Estado y el entramado de la justicia existente, transitoria y futura, vemos que su estructura general está conformada por pautas previas y de objetivos por lograr. También se hizo una hoja de ruta para que el Congreso votara esas disposiciones que estaban pautadas, es decir que había un poder del Estado que debía normativizar el proceso y darle un cierto empuje, como medio para lograr el fin.
(…) La aprobación siguió un ritmo constante hasta un punto, el momento en el cual el parlamento comienza a observar los acuerdos con cierta distancia, debido a cambios políticos actuales. Las normas para la Justicia Especial para la Paz entonces se juegan en el escenario del parlamento (…) y también en el terreno de la Corte Suprema, quien a través de sus fallos, da paso a modificaciones sobre la participación política de los excombatientes, entre otras medidas. Como resultado, tanto el poder judicial como el legislativo, afectaron los tiempos esperados de ejecución y se alcanzó ahora a una situación de distorsión de los acuerdos.”
“Por consiguiente, es muy importante que se coloquen los reparos y respaldos necesarios para garantizar ese piso mínimo de la JEP, pues de otra manera va a ser muy difícil tener de vuelta la democracia en Colombia, así como lo ha estado durante varias décadas”.
“…la justicia transicional, propia del derecho penal, podría extenderse a la resolución de otros dramas de violencia política latinoamericana. Hablar de revisión de fallos y estudiar qué tipo de estructuras normativas va a tener esta JEP, servirá para dar otras formas a la justicia que involucra otras cuestiones histórico políticas (…)”.
HÉCTOR POGGIESE (Director Área Desarrollo, Innovación y Relaciones Estado y Sociedad y del Programa de Planificación Participativa y Gestión Asociada FLACSO).
Ampliación democrática en la planificación territorial (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET).
“… En diferentes ámbitos colombianos, incluido el Consejo Nacional de Planeación-CNP el grupo de PPGA ha tenido la oportunidad de compartir el concepto de planificación que sustenta y disemina (…) se planifica trabajando en conjunto entre los técnicos, el gobierno, las universidades y la gente, exigiendo intercambio de saberes, reconocimiento de la multiculturalidad, asociativismo, gestión asociada y toma consensuada de decisiones”.
“…Para el desarrollo de los territorios especiales, se determinó un mecanismo democrático decisional que va mucho más allá del que hoy se dispone en Colombia. El Acuerdo especifica en sus primeros dos puntos (ver arriba) que ‘…a través de programas con enfoque territorial,… todos sus actores trabajan en el bien supremo de la Paz…’, e indica que la planeación, la ejecución y el seguimiento de los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) deben hacerse de manera participativa. Si se aplica este mecanismo, y así lo ha transmitido el grupo PPGA a diferentes sectores en Colombia, este podría servir como una práctica social generadora de confianza. Quiere decir que el carácter de foco transformador del proceso democrático interno de Colombia en el proceso decisional, que tiene esta área especial de los territorios devueltos por las FARC, es categórico, pues en la medida en que se desarrolle, va a poder extenderse a otras áreas del país donde nunca hubo conflicto (…) Sería imprescindible y fundamental que el CNP y la Dirección Nacional de Planeación-DNP, para alcanzar lo que define el Acuerdo, agregaran las metodologías PPGA u otras equivalentes a su caja de herramientas, haciendo las políticas públicas con prácticas de democracia ampliada (…) Sólo habrá democracia participativa si se practica y amplia el escenario territorial con estos modos de toma de decisiones (…).”
Resaltamos los siguientes comentarios y consideraciones hechas durante el intercambio final entre los asistentes y la mesa:
- Se observa que la estructura política del Estado ha jugado un efecto lentificador en la implementación del Acuerdo, resultado de una ponderación insuficiente de las acciones subsecuentes al Acuerdo, que tendrían los diversos poderes.
- Consecuencia del lento proceso de implementación, en especial en cuanto al control territorial, se constatan asesinatos de líderes y disputas territoriales parte de capitales internacionales, botines electorales y redes internacionales de narcotráfico.
- La implementación del Acuerdo presenta una gran oportunidad para ampliar el ejercicio democrático en Colombia, por ello no debe demorarse la implementación de los PDET, pues son un ejercicio democrático en si mismo y ofrecen la oportunidad de vinculación de la ciudadanía a la puesta en marcha del Acuerdo. Sin embargo las próximas elecciones presidenciales y de Congreso serán determinantes para el futuro del Acuerdo, bien sea para darle vía libre a su implementación o para revertirlo.
- Se resalta la importancia del apoyo que brinden las redes latinoamericanas y los países de la región en este proceso de implementación, como oportunidad para la construcción colectiva de escenarios de ampliación democrática, reconociendo que esta es una cuestión sudamericana fundamental.
[¹] Compilados y redactados por María del Pilar Mejía Echeverri, moderadora de la mesa.
[2] Informe disponible aquí: http://static.iris.net.co/semana/upload/documents/informe-kroc.pdf