“La fragmentación del poder”
La fragmentación del poder
Por: Mariano A. Barrera
Publicado en Página/12 el lunes 1 de septiembre de 2014
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“La fragmentación del poder”
El reclamo histórico de las provincias por tener el dominio originario de los hidrocarburos, que se expresó con distinta intensidad desde el descubrimiento del primer pozo por parte del Estado en 1907, terminó consolidándose en 2006 con la sanción de la llamada ley corta. En este recorrido, existieron dos puntos ineludibles de características regresivas. El primero fue la incorporación de la provincialización de los hidrocarburos dentro del articulado del proyecto de privatización de YPF en 1992 como una estrategia del gobierno de Menem para conseguir el acuerdo de los legisladores de las provincias hidrocarburíferas. El segundo fue la reforma del artículo 124 de la Constitución nacional en 1994, transfiriendo “a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Estos elementos generaron una ruptura regresiva con el pasado que generó diversas complicaciones. Uno de los inconvenientes que emerge es el jurisdiccional, como consecuencia de que las cuencas no respetan los límites políticos entre las provincias, con lo que existen yacimientos que pertenecen a distintas provincias y son explotados desde una de ellas.
Por otra parte, se transfirió el dominio de recursos naturales altamente rentables, estratégicos y no renovables a provincias que tienen el 16,4 por ciento de la población y un producto bruto equivalente al 15 por ciento del país. Es decir, a un grupo acotado de provincias con población relativamente escasa se le confirió autonomía para tomar decisiones sobre recursos clave que tienen incidencia directa sobre el conjunto de la sociedad (además de un fuerte impacto macroeconómico). Es más, pese a que la normativa vigente concede al Estado nacional la capacidad de establecer el diseño de las políticas energéticas, lo cierto es que la transferencia a las provincias del dominio originario de recursos que explican el 90 por ciento de la matriz energética genera fricciones entre ambos actores en torno de la implementación de estas políticas.
Este desvanecimiento del poder de la autoridad de control a escala nacional genera dificultades para encarar una estrategia de reversión de áreas a las empresas que no cumplieron los compromisos asumidos. Máxime, en un contexto en el que persiste la caída de la producción del sector privado debido a la escasa –o nula– inversión, marcando una diferencia con la actual YPF que amplió la formación de capital. Entre el primer semestre de 2011 y el de 2014, YPF expandió su extracción de petróleo el 19,3 por ciento y gas natural el 6,1 por ciento, mientras que las demás compañías declinaron 11,9 y 13,1 por ciento, respectivamente.
La fragmentación del poder político le permite al “oligopolio privado” negociar en forma desigual como consecuencia de su mayor poder económico. Las grandes firmas nacionales y/o internacionales negocian las condiciones de los contratos con provincias con escaso poder político y económico (en algunos casos, urgidas de recursos económicos, como los generados por las regalías), lo que establece una importante asimetría de fuerzas. Sin ingresar en suspicacias producto de posibles actos de cohecho, la capacidad de negociación de las provincias con el oligopolio hidrocarburífero (aunque también con las mineras) se restringe de sobremanera, toda vez que los presupuestos provinciales dependen, en gran medida, de los aportes que realizan estas firmas.
A modo de ejemplo, vale señalar el caso de Neuquén, que tiene entre los principales productores a Chevron. Al analizar el balance internacional de 2011 de la firma, se observa ventas por 244.371 millones de dólares y utilidades netas por 26.895 millones de dólares. Por su parte, los ingresos de la provincia en 2011 fueron de 2005 millones de dólares, con egresos que alcanzaban los 1946 millones de dólares. Es decir, los ingresos provinciales fueron apenas el 0,8 por ciento de la facturación y el 7,5 por ciento de las utilidades de la petrolera. Además, en Neuquén se advierte una fuerte incidencia de las regalías hidrocarburíferas en relación con sus ingresos, en torno del 27,3 por ciento (cuando en 2007 era del 43,9 por ciento). La marcada dependencia de estos recursos y de la actividad económica que despliegan (en términos de empleo, etc.), en un contexto de caída de la producción, genera severos problemas a la provincia que la ubica en una situación de debilidad estructural para negociar concesiones o condiciones de los acuerdos con los “grandes jugadores” del sector hidrocarburífero (y minero). De allí que sea necesario retomar a un esquema en el que tanto el Estado nacional como las provincias tengan la facultad de decidir sobre el destino de recursos esenciales para el conjunto del país.