IntercambiEIS

Boletín digital de Educación Integral en Sexualidad para América Latina y el Caribe

Por: Rosario Olivares Saavedra, profesora de filosofía, Dra. en Estudios Americanos, parte de la Red Docente Feminista REDOFEM, académica del Departamento de Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado.

En la historia de nuestro país la labor docente de las mujeres ha estado sujeta a una suerte de idea de cuerpos asexuados que dedican su vida entera a educar, como si fuera una vida monacal, mal remunerada y agobiante, pero que a cambio tiene alta valoración social, muy semejante a ser madre de familia. Esa vocación, que proviene del latín y significa “llamado”, fue la naturalización de una labor que pierde su estatus profesional casi desde su origen, para transformarse en una labor apostolar, donde se está dispuesta a todo por un fin superior.

El Mayo feminista del 2018 nos dejó amplias lecciones y proyecciones a futuro para pensar una educación no sexista, lucha que no surgió de manera aislada, sino que es parte de la historia del feminismo y el movimiento estudiantil en Chile desde los años 2014 y 2015. Nuevamente fueron las estudiantes universitarias y secundarias, como en el 2006 y 2011, las que denunciaron abusos sexuales, acoso y violaciones —que, lamentablemente, siguen ocurriendo en los espacios educativos—, denuncias que nos llevaron a pensar otro tema de fondo: ¿cómo superar las prácticas patriarcales, sexistas y machistas en educación?

1. Hacia una comprensión de la educación sexual integral

La argentina Graciela Morgade, quien fue una de las mujeres fundamentales en el debate, la movilización y la creación de la ley de Educación Sexual Integral en su país, señala agudamente en una publicación del año 2011 que “toda educación es sexual”. Con esta idea, apunta a que cuando nos preguntamos por el componente político de la educación, lo hacemos entendiendo que no hay espacio neutral en la sala de clases: no existe un “no tomar posición”. En la escuela, al decir de Michel Foucault, los poderes circulan no solo en la línea profesor/a-estudiante, sino que también desde afuera, desde el Estado, el Ministerio de Educación, los programas de estudio y la sociedad que la rodea.

Así como no hay espacios de poder neutrales desde los inicios de la educación, tampoco los hay respecto a los cuerpos sexuados: “La sexualidad estaba y está en todas partes porque es una dimensión de la construcción de la subjetividad que trasciende ampliamente el ejercicio de la genitalidad a una expresión de la sexualidad”². Sin embargo, pese a esta constatación, la sexualidad dentro de la escuela ha sido fuertemente invisibilizada, y se diluye dentro de las demás “caracterizaciones” de quienes habitan las instituciones educativas. Un ejemplo paradigmático de este punto es la existencia hasta el día de hoy de colegios monogenéricos en Chile, fundamentalmente los pertenecientes a la educación municipal. Liceos centenarios, que surgen con el objetivo de educar primero a los varones, y luego a las mujeres, permaneciendo en el tiempo a través de la profundización de sesgos sexistas y heteronormados.

Los niveles por donde transita el machismo en la educación, y el ocultamiento de los cuerpos sexuados en las escuelas, son múltiples y diversos. Van desde las separaciones por sexo-género que se dan en la sala cuna³ y el jardín infantil, hasta las prácticas cotidianas, los juegos, las enseñanzas y los roles que ahí se imponen. Las instituciones educativas, en sus diversas formas, son espacios patriarcales en tanto no dan cabida a la diversidad y la democracia, y en general se erigen en formas masculinas de dirección y administración. En nuestro país, de las treinta universidades que forman parte del Consejo de Rectores, solo en la Universidad de Magallanes hay una rectora mujer, Natacha Pino Acuña, correspondiendo al 3% del total. En el caso de las educación escolar, según indican las estadísticas del Centro de Investigación del Ministerio de Educación el 2017⁴, el porcentaje de mujeres y hombres en cargos de dirección es semejante, cifra que incluye educación de párvulos, escolar y especial, pero aquello no deja de inquietar considerando que el porcentaje de mujeres en la educación escolar es de un 73%, y el de hombres 27%, y en el caso de carreras feminizadas como educación de párvulos o diferencial, el número de mujeres alcanza alrededor del 98%.

En el currículum escolar, el panorama tampoco es muy alentador. Pese a que se ha tratado de avanzar levemente en incorporar una perspectiva no sexista en los textos de estudios y programas, los cambios no son para nada sustantivos, sobre todo considerando que no son abordadas las prácticas docentes, la didáctica y la construcción epistemológicas de los saberes. Quienes han logrado permear estos debates son las propias mujeres de la educación organizada, porque raramente este proceso ha venido desde la institución estatal.

Como menciona Julieta Kirkwood en Feminarios: “el conocimiento está constituido, elaborado, transmitido, impuesto y legitimado desde el poder masculino”⁵, y en él operan además otras discriminaciones como las de raza o clase. Por este motivo, hay que tomar conciencia de cómo las maneras de conocer van perpetuando la opresión, para poder transformarlas y convertirlas en emancipadoras, a través de la elaboración de un contra-conocimiento feminista que nos permita redefinir la realidad. El currículum escolar, como hemos mencionado, no está exento de esta construcción, más bien la refuerza día a día, y no solo con la invisibilización de las mujeres, sino que también de las disidencias sexuales.

Por otra parte, Chile es el único país del Cono Sur que no cuenta con programas de estudio para Educación Sexual Integral (ESI)⁶. Lo que tenemos son orientaciones que se entregan a los colegios y cada uno las toma según su Proyecto Educativo Institucional. Esta irresponsabilidad que tiene el Estado con niñas, niños, niñes y jóvenes, es parte de la libertad de enseñanza consagrada en la Constitución de la dictadura, y reafirmada por la educación de libre mercado, instaurada por el proceso neoliberal que lleva ya algunas décadas en nuestro país.

En este marco, el movimiento feminista y de disidencias sexuales ha logrado visibilizar las distintas violencias a las que nos vemos sometidas a diario. Los femicidios, el abuso sexual a menores, el aumento en las cifras de trasmisión de VIH⁷, la homo-lesbo-transfobia o la violencia sexual política que hemos visto desde que comenzaron las movilizaciones el 18 de octubre, son muestras durísimas de la falta del Estado y de su garantía de derechos en estas materias. Entendemos que es fundamental un avance en términos legales respecto a las penas, atención, y prevención de la violencia hacia las mujeres y disidencias sexuales, pero estas no deben excluir la tan necesaria legislación en materia de educación sexual.

En Chile, la educación sexual se ha entendido a lo largo de su historia como un apéndice de la educación, que contempla la prevención del embarazo y las enfermedades de trasmisión sexual exclusivamente. Las JOCAS de comienzo de los noventa, las Agendas de Género de los gobiernos de Michelle Bachelet del 2006-2010 y 2014-2018, y los Siete Programas de Educación Sexual de Joaquín Lavín —algunos de ellos incluían la abstención como método de cuidado y anticoncepción—, no han logrado alcanzar el concepto de integralidad dentro de esta materia. Tampoco han tenido en su proceso el carácter de ley, y su consiguiente obligatoriedad. En nuestro país, el presupuesto de Educación Sexual se encuentra en el Ministerio de Salud, lo que habla con claridad del enfoque que tiene, y solo dialoga “en colaboración” con el Ministerio de Educación.

2. Derecho a una educación sexual para una Constitución feminista

El 15 de mayo del 2019, en la conmemoración de las y los maestros en México —uno de los países con mayores cifras de violencia hacia la mujer en nuestro continente— se modificó el Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa para establecer el derecho a la Educación Sexual⁸.

En Chile, la mayor fuente de conocimiento sobre aspectos integrales de la sexualidad a la que tienen acceso niñas, niños, niñes y jóvenes, son sus grupos de pares, internet, pornografía y otro tipo de fuentes que no hacen otra cosa que confundir y llenar de mitos el desarrollo propio de la sexualidad. Entendiendo la sexualidad —más allá de sexo genital, reproducción y enfermedades de transmisión sexual— como una parte fundamental del ser humano, en tanto sujeto sexuado y disociado a partir de las diferencias culturales del género. Esto ha permitido que las instituciones educativas sean espacios de proliferación de comportamientos machistas, heteronormados, segregadores y violentos, que se van reproduciendo año tras año.

El 23 de mayo del 2019, el joven trans José Matías De la Fuente se suicidó lanzándose del onceavo piso del edificio donde vivía con su madre, sumándose a una triste lista de adolescentes trans que han tomado esta decisión por el bullying y la discriminación sufrida por su identidad de género, que se da principalmente dentro de sus escuelas. José Matías estudiaba en el Liceo Sagrado Corazón de Copiapó, institución que fue altamente negligente con su caso, pues no le aseguraron el respeto de su nombre social, ni menos el acompañamiento requerido, indicado en la Circular 0768, donde se definen “Los principios orientadores para la comunidad educativa respecto de las niñas, niños y estudiantes trans”, publicada en 27 de abril de 2017. El colegio fue multado, pues los registros indicaban que la orientadora del colegio, la monja Fernanda Díaz, concluyó en una entrevista “que el estudiante estaba trastornado, atribuyéndole un estado de enfermedad”⁹.

Entender la Educación Sexual Integral como un derecho humano fundamental de acceso a la información para el desarrollo pleno de nuestras vidas, implica no solo disputar qué vamos a entender como educación desde el feminismo, sino que también el sentido desde el cual queremos construir nuestra sociedad. En Argentina, desde la promulgación de la ESI, se ha avanzado en materias tan fundamentales como la detección de abuso sexual infantil y violencia intrafamiliar, el año pasado, por ejemplo, en la Provincia de Santa Fe, se detectaron más de 1000 de estos casos, según consigna el Ministerio de Educación¹⁰.

Un proceso constituyente no puede no preguntarse qué país queremos construir. En nuestro caso, el proceso constituyente avanza desde antes de la firma del “Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución” de noviembre en diversas temáticas, y la educación ha sido una de las más importantes. En la consulta ciudadana realizada por los municipios el 15 de diciembre del año pasado, la educación fue la tercera demanda más señalada por la ciudadanía, lo que es solo una muestra de lo que se viene trabajando hace años desde los movimientos sociales, para terminar con la educación construida en dictadura.

Desde el feminismo de las últimas décadas, hemos venido levantando la voz para desplazar nuestras demandas del departamento de género, hacia los cambios estructurales en los diversos campos de la vida, y en educación esto es central. Cuando hablamos de Educación Sexual Integral como un derecho, lo que queremos son modificaciones de fondo: cambios en la estructura institucional, desde las jefaturas hasta las modificaciones de administración y democratización de cada una de ellas, abandonando los resabios heteronormados, y develando los cuerpos sexuados en nuestras escuelas y universidades. En lo pedagógico, es necesario entender “el qué”, “el cómo”, y “el para qué educamos”, desde una perspectiva no sexista, y así ayudar a combatir dentro de nuestra sociedad, los sesgos de género que discriminan y matan. Desde la construcción afectiva y de género, es importante crecer en el respeto a la diversidad de identidades, orientaciones y roles de género, avanzar en el cuidado de sí y del otro a través de la información y el respeto mutuo. Sin una educación de este tipo, difícilmente lograremos avanzar en disminuir la violencia y las muertes por razones de género, erradicando el machismo, demanda tan largamente anhelada por el movimiento feminista, que el pasado 8 de marzo convocó a una de las marchas más grandes de la historia reciente de nuestro país.

Por último, es necesario que la Educación Sexual Integral este en la Constitución, no sólo para combatir la cultura patriarcal de nuestro país, sino también, para dejar la ambigüedad que abrió el mercado con la idea de “libertad de enseñanza”, para por fin contar con una educación pública fortalecida, de libre acceso y como un derecho de todas, todes y todos los chilenos.