Desigualdad, el mayor desafío de la democracia

Por Roxana Mazzola*, coordinadora del Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas del Área Estado y Políticas Públicas de la FLACSO Argentina.
Publicado en el Suplemento Económico Cash de Página 12, 30 de abril de 2022.
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El artículo reflexiona sobre la problemática de la desigualdad y sostiene que no basta con la reducción de la pobreza para garantizar estándares de vida medianamente aceptables. La autora plantea que es indispensable abordar la concentración de la riqueza y otras dimensiones en materia de acceso a salud, educación y la tierra.

Ya no alcanza con manifestar preocupación por la creciente desigualdad. Primero, no se trata de un desvío ni de un efecto no deseado: la desigualdad es constitutiva de esta etapa del capitalismo, posindustrial y desterritorializado. Luego, la desigualdad representa el principal desafío y, a la vez, la mayor amenaza para las democracias occidentales, con énfasis en América Latina.

Este denominador común es el hilo que une a los textos reunidos en el recientemente presentado Debates: COVID-19, Desigualdad y Políticas Públicas Distributivas, publicado por FLACSO Argentina. El libro, de descarga gratuita, tiene contribuciones de Bernardo Kliksberg, Juan Grabois, Rubén Lo Vuolo, Karina Batthyány, Gabriel Kessler, Gabriel Katopodis, Luis Alberto Quevedo y Cecilia Merchán, entre otros especialistas, investigadores y funcionarios. El trabajo cuenta también con la participación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Fundación Friedrich Ebert (FES).

Como sostuvo Simone Cecchini, Director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) en la presentación del libro, nuestra región representa el 8,4 por ciento de la población mundial, pero tuvimos el 30 por ciento de fallecimientos y el 18 por ciento de contagios de la Covid-19, lo cual confirma y expone los datos de pobreza, desigualdad y hacinamiento.

Para las vastas franjas de población excluidas en la región la democracia es un sistema fallido, que no les garantiza ni permite siquiera una mínima subsistencia. El 13 por ciento de la sociedad de América latina vive en situaciones de extrema pobreza, pero si se le suma vulnerabilidad e informalidad, ese número llega al 54 por ciento. Este malestar funciona como caldo de cultivo para expresiones antisistema, radicales, extremas, xenófobas y muchas veces violentas. Frente a esta dura realidad, sólo el Estado, recuperando su rol central, puede aportar capacidad de intervención y transformación.

Tanto en este libro como en el Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas, curso que en sus cuatro ediciones ha formado más de 500 estudiantes de Argentina y la región y que cuenta en su plantel docente a destacados especialistas como Oscar Oszlak, Eduardo Crespo, Daniel García Delgado, Mercedes D’Alessandro, Diego Pando y Mariana Heredia, entre otros, se aborda la desigualdad, el rol del Estado y las políticas públicas para hacer frente a ella. Se brindan claves para analizar las dinámicas sociales dominantes, antes y durante la pandemia.

Previo a la pandemia, se destaca el límite en la mejora social que se observaba en el país y en la región ante el ascenso de gobiernos conservadores. Con la pandemia, las desigualdades se amplificaron.

Desigualdad

Actualmente parece claro que no basta con la reducción de la pobreza para garantizar estándares de vida medianamente aceptables, sino que es indispensable abordar la desigualdad. No sólo la desigualdad de ingreso, sino también la concentración de la riqueza y otras dimensiones en materia de acceso a salud, educación y tierra.

Una arista de la desigualdad que se exacerbó en la pandemia, y que fue denunciada hace tiempo por los feminismos, es la crisis de los cuidados que sobrecarga a las mujeres y afecta a la niñez. Lo que deja la pandemia es también la oportunidad para visibilizar, por primera vez, como nunca antes, una agenda de desigualdad.

Algunas claves para pensar políticas distributivas con acento generacional y de género:

–Avanzar en una nueva ley de asignaciones familiares que supere la fragmentación del sistema entre AUH y asignaciones familiares, y que mejore aspectos del derecho a la seguridad social y cuidado a las niñeces.

–Invertir en infraestructura del cuidado. Las obras de infraestructura de salud, atención a la primera infancia e integral a las mujeres y LGBTI+ son obras con impacto directo en el empleo y en las condiciones de vida de la población. Ejemplo de esto son los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), para el 80 por ciento de las y los niños menores de cuatro años que no asisten a ningún centro educativo y reciben cuidados intrafamiliares, cuya principal responsabilidad recae en las mujeres. Estos 320 centros liberarán cuatro horas de quienes ejercen tareas de cuidado, incidiendo positivamente en la denominada “pobreza de tiempos”.

—Ingreso universal para jóvenes de 16/17 años, que han sido y son los más golpeados por el deterioro de los últimos años y a los que menos alcanza la protección social.

—Blindar las inversiones en niñez, a través de leyes que garanticen su continuidad a mediano y largo plazo, más allá de los vaivenes políticos y cambios de ciclo. La Dirección Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas ha elaborado múltiples informes y documentos y aportado en este sentido para el debate parlamentario sobre la próxima Ley Nacional de los Cuidados.

–Un Estado abierto y flexible para el siglo XXI. Es fundamental incluir la participación ciudadana en los procesos de formulación de políticas públicas. El Estado debe crear e institucionalizar canales y espacios de participación colectiva para individuos, instituciones y organizaciones intermedias. Ya hay un ejemplo sectorial al respecto: el Observatorio de la Obra Pública del Ministerio de Obras Públicas, integrado por universidades, cámaras empresarias, sindicatos, etc.

—Incorporar la innovación tecnológica en los procesos de gestión de las políticas y herramientas como la inteligencia artificial. Para garantizar derechos y defender el interés general, el Estado está obligado a ganar en eficiencia y precisión. Sólo así multiplicará el impacto benéfico de su intervención. La tecnología, unida a la voluntad política, es un aliado ineludible.

*Compiladora del libro y Coordinadora académica del Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de FLACSO Argentina y Directora Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas.

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FUENTE: Diario Página/12.
https://www.pagina12.com.ar/418071-desigualdad-el-mayor-desafio-de-la-democracia