1990: la década robada

Sábado 26 de abril de 2014

El 17 de agosto de 1989 se sancionó la ley 23.696, conocida como Ley de Reforma del Estado, que permitió la privatización de un gran número de empresas estatales y la fusión y disolución de diversos entes públicos, como YPF, ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas y las empresas de agua, luz y gas.

“Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado” fue el fallido del entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, al anunciar el primer mandamiento del decálogo menemista de aquella reforma. Esta frase define el paradigma de la década de los ’90, en la que todo lo privado era superior a lo público y la voz de los empresarios se volvió más autorizada que nunca. El resultado fue la enajenación del patrimonio nacional construido con el esfuerzo de décadas por millones de argentinos.

Tal fue la preeminencia del empresariado en esos años que en 2010 las políticas neoliberales que encarnó el presidente Carlos Menem entre 1989 y 1999 aún cosechaban la aprobación de la mayoría de los hombres de negocios. En una encuesta realizada por el diario Ámbito financiero en el Coloquio de IDEA, en la que sondeó a los empresarios acerca de cuál fue el mejor gobierno democrático de los últimos 50 años, el 53% eligió ambas presidencias del mandatario riojano.

“Mayor competitividad en el sector privado y mayor eficiencia en el sector público” fueron palabras clave del lenguaje de aquella década, cuando resultaba muy difícil diferenciar el léxico del empresariado del utilizado por políticos y funcionarios.

Personajes como Ricardo Zinn, ideólogo del Rodrigazo que significó una brutal transferencia de recursos en detrimento de los sectores con ingresos fijos, se mostraban como los garantes de procesos privatizadores.

Al margen de los calendarios, en la Argentina la década de los ’90 no finalizó en términos políticos y económicos hasta el 20 de diciembre de 2001, cuando el estallido social, el corralito a los depósitos bancarios y la represión gubernamental que causó una treintena de muertos desembocaron en la renuncia del presidente Fernando De la Rúa.

Entre los episodios que fueron macerando aquel desenlace, estuvo la designación en marzo de 2001 de Ricardo López Murphy en Economía, que fue respaldada por entidades empresarias como la Confederación General Económica, la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) o el Instituto para el Desarrollo Argentino (IDEA).

Gustavo Pitaluga de Acindar lo describió como “un hombre muy bien conocido en el ambiente empresario”. “Tengo la mejor opinión de López Murphy, tanto por sus cualidades técnicas como personales”, opinó Jorge Aguado de Socma, al tiempo que Eduardo Elsztain (IRSA) habló de “una excelente designación. Es un profesional de lo mejor que hay en el país”. Aldo Roggio fue al grano:“Espero que se encuentre el justo equilibrio entre la solvencia fiscal, y las políticas de crecimiento que necesita el país”.

El plan de ajuste (otra ‘keyword’ de los ‘90) de López Murphy recibió el apoyo de los mercados, pero la resistencia social y al interior del gobierno de la Alianza abortó su concreción.

Poco después, el retorno de Domingo Cavallo, ministro emblema de la convertibilidad menemista, reforzaría la certeza de que los años ’90 aún estaban vigentes en 2001.

En noviembre, los banqueros daban su apoyo al canje de deuda alentado por Cavallo. “Estamos en una actitud de apoyo al Presidente, al Gobierno, en este plan. Nuestro apoyo es de una manera positiva”, aseguró Manuel Sacerdote, entonces vice de la asociación de bancos de capital extranjero.

Según la crónica del diario Clarín, Cavallo comenzó a hablar en ese cónclave de las ventajas de la tarjeta de débito para bancarizar a la gente y combatir la evasión. Pocos días más tarde, el gobierno limitó el retiro en efectivo a 250 pesos semanales y puso en marcha el corralito. Nunca se oficializó si el ministro adelantó esa medida a los popes de las finanzas en aquella reunión en Casa de Gobierno. Tampoco lo confirmaron los banqueros, que debieron llamarse a silencio durante varios meses para no ahondar la furia de los ahorristas estafados.

Para el economista de Flacso Eduardo Basualdo “el 2001 constituye un punto de ruptura muy importante porque se cierra un ciclo de casi 30 años donde la sociedad argentina tuvo un patrón de acumulación de capital específico, impuesto por la dictadura militar: el de la valorización financiera”.

En julio de 1996, el ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, admitiría ante la prensa la existencia de ese ciclo histórico al señalar que la política económica de Domingo Cavallo representaba la“continuidad” de la suya.