Lxs viejxs. Diversidad sexual y vejez en el contexto del ASPO

Por Fernando Rada Schultze, investigador del Programa Envejecimiento y Sociedad de la FLACSO Argentina.

 “La vejez es un grupo de riesgo” escuchamos decir en el contexto de la pandemia COVID-19 y en el consecuente aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO): una nueva inseguridad que se anexa a las paupérrimas jubilaciones o recortes en medicamentos que, entre otros riesgos, experimentan nuestras personas mayores. Sin embargo, lo que no fue novedoso fueron los estereotipos que los y las circunda. Volvimos a escuchar expresiones como “abuelitas/os” o “jubiladas/os” y se homogeneizó y despersonalizó a las personas mayores: para la opinión pública las viejas y los viejos fueron un todo compacto sin distinciones en su interior. No obstante, para la sociología del envejecimiento es menester considerar la diversidad como elemento nodal en las trayectorias de vida. La vejez, como etapa de la vida, se va construyendo en el transcurso de ese proceso dinámico que conocemos como envejecimiento. En ese periplo atravesamos diferentes avatares que condicionan nuestras biografías. Asimismo, las diversidades que experimentamos –étnicas, socioeconómicas, religiosas o de género, entre tantas otras–, nos impiden pensar a la vejez como ese todo amorfo y homogéneo que emergió en el marco de la COVID-19. Entre las múltiples dimensiones a considerar, aquí hablaremos de las problemáticas de orientación sexual e identidad y expresiones de género a la luz del ASPO.

En principio, debe señalarse que el confinamiento decretado en marzo y la ubicación de las personas mayores bajo el halo de una única categorización no sólo invisibilizó las diferentes problemáticas que atañen a un grupo etario diverso (se inicia a los 60 años y posiblemente sea una de las etapas de la vida donde mayor tiempo transcurramos) y de peso (las personas mayores representan en la Argentina alrededor de un 16%), sino a un grupo históricamente estigmatizado: la población LGBTI+.

En ese sentido, el ASPO dejó reflejado la situación de vulnerabilidad del colectivo. Principalmente con la comunidad trans, un grupo altamente vulnerado y marginado cuya esperanza de vida en la actualidad oscila entre 35 y 45 años, no llegando al centenar las trans argentinas que arriban a los 60 años; edad que determinaría ser una adulta mayor. A su vez, mayoritariamente obtienen en la prostitución sus medios de subsistencia, el cual se ve restringido debido al ASPO. Así, la falta estructural de recursos económicos, potenciado ahora por la imposibilidad de ejercer el trabajo sexual callejero, dio como resultado el no poder pagar sus alquileres en pensiones, dejando latente la amenaza de desalojo. Estas pensiones además, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la población trans, estilan cobrarles entre dos y tres veces más que a cualquier otra persona. Por otro lado, a la falta de recursos económicos debe sumarse lo restringido de las redes sociales ante una situación de emergencia como la actual: las trans provienen mayoritariamente del interior del país con lo cual habitan en la Ciudad de Buenos Aires sin redes de apoyo familiares.

Aunque en una situación diferente, los adultos gays y las adultas lesbianas también experimentan los embates del confinamiento actual. Producto de que muchas de estas personas envejecieron en contextos carentes de leyes (como por ejemplo el Matrimonio Igualitario) tuvieron que vivir una “doble vida” y/o llegar a la vejez sin hijos/as, lo cual en la coyuntura actual también repercute en sus redes de apoyo. A su vez, muchos y muchas, retornaron a la casa de algún familiar a fin de no transitar la cuarentena en soledad, lo cual derivó en un “regreso al closet”. Similar problemática experimentaron aquellas personas mayores que viven en una residencia o geriátrico: ven vedada parte de su identidad.

Respecto a las medidas preventivas hacia la comunidad, la población LGBTI+ acuerda en que sus necesidades fueron contempladas de manera parcial o limitada. Reconocen que se les han brindado bolsones de alimentos, pero sólo eso. Una de las necesidades no tomada en consideración versa respecto a la salud. Por un lado, el acceso integral a la salud para las personas trans (cabe destacar que muchas de ellas están realizando tratamientos de hormonización), y por el otro el de aquellas personas con VIH; turnos y controles con los que en este momento no pueden cumplir por la restricción en el transporte público o por temor debido a patologías previas. Este es el caso de las personas mayores con VIH, que ahora se convierten en un grupo aún más vulnerable. Si bien las personas con turnos médicos o que deben ir a retirar la medicación pueden circular portando los certificados habilitantes, lo cierto es que para el caso de las personas con VIH esto deviene en la vulneración al anonimato del/la paciente contemplado por la ley. Asimismo, muchas de las personas mayores con VIH utilizan los servicios del PAMI, con lo cual periódicamente deben realizarse chequeos. Esto implica salir de sus domicilios para visitar al/la infectólogo/a, tener la orden, pedir el turno, sacarse sangre, con los resultados volver a empadronarse en PAMI y esperar la reautorización para que les brinden la medicación, exponiendo aún más a las personas a situaciones de riesgo a su salud pero también de violencia institucional.

Por tal motivo, en este contexto es fundamental lograr detener la avanzada de violencia institucional garantizando el acceso integral a la salud a las personas trans, pero también dirimir problemas registrales en la medicación para las personas con VIH. A su vez, muchas personas que se atienden en hospitales públicos de CABA acceden desde la provincia. Con lo cual necesitan el permiso para transitar que vulnera el anonimato de la personas. Es menester por lo tanto agilizar la distribución de los medicamentos y garantizar el acceso a todas y todos. Por otro lado, sería de vital importancia lograr condonar –hasta el cese de la cuarentena– el testeo periódico que deben hacer las personas con VIH, ya que, pesar de que es una situación crónica, cada 6 meses tienen que hacer un nuevo trámite de inscripción. Por último, se debe garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva por parte de las personas LGBTI+, incluyendo el acceso a los servicios de testeo y tratamiento de VIH y los programas de reemplazo hormonal para personas trans.