Las medidas tomadas por el gobierno para intentar mitigar los efectos de la pandemia COVID-19 sobre la salud de la población han paralizado buena parte de las actividades económicas. Esto se da en el marco de una economía muy golpeada por las políticas neoliberales llevadas adelante por la gestión anterior (el producto bruto cayó en tres de los últimos cuatro años). Los efectos de la pandemia serán mayúsculos: para este año se pronostica una contracción económica mayor al 6% (CEPAL). De esta manera, a fines de este año la economía argentina volvería al tamaño que tenía en 2010, es decir, se consumaría una “nueva década perdida”.

Ante este panorama, el gobierno de Fernández-Fernández ha desplegado una serie de medidas destinadas a mitigar el impacto social y económico de la pandemia. Entre ellas sobresalen la prohibición de despidos, la suspensión de los aumentos de las tarifas de servicios públicos, la ampliación del programa Repro en el cual el Estado cubre parte del salario de empresas en crisis, la disminución y postergación de las cargas patronales, el plan de Asistencia de emergencias al Trabajo y la Producción (ATP), un aumento del monto del seguro de desempleo, el otorgamiento a créditos subsidiados a pymes a tasas del 24% anual, la ampliación de la cobertura social y previsional (bonos a jubilados y AUH, implementación del Ingreso Familiar de Emergencia), los créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas, y el pago del 50 por ciento del salario de los trabajadores privados en relación de dependencia (con un tope de 33.500 pesos).  Se estima que este paquete de emergencia tendrá un monto equivalente a alrededor del 3% del PIB.

¿Un nuevo modelo?

Se trata de una serie de medidas imprescindibles en el actual contexto de crisis económica y social. Estas intervenciones, junto a otras de índole sanitaria, han llevado a que buena parte de la opinión pública, incluyendo a la dirigencia política y varios medios de comunicación hayan revalorizado el papel del Estado. Sin embargo, los consensos se acaban al momento de discutir cómo se financian las medidas. Si bien ha existido cierto acuerdo entre la mayor parte de la dirigencia política y empresaria en que es necesario lograr la reestructuración de la deuda pública de manera de liberar fondos para atender la situación de emergencia, otras iniciativas como la creación de un impuesto extraordinario a la riqueza han generado una fuerte resistencia en el poder económico y sus representantes (entre los que se incluyen medios de comunicación y figuras de todo el arco político).

Dado su carácter transitorio y la indefinición sobre su sustentación en el tiempo, este conjunto de medidas aplicadas por el gobierno ante la pandemia está lejos por ahora de constituir un “nuevo modelo económico” La muy significativa intervención del Estado en la economía no supone necesariamente que se haya generado un nuevo consenso sobre un nuevo modelo de país. En situaciones excepcionales como la que estamos atravesando hay medidas que antes eran rechazadas y que sin embargo pasan a ser toleradas por el poder económico, ya sea porque los propios empresarios las necesitan para salvarse o por la amenaza de perderlo todo si no ceden algo.

La gran pregunta es qué quedará de todo esto cuando haya pasado la situación excepcional y si logrará consolidarse un “nuevo modelo económico”. Dado que vivimos y viviremos por un buen tiempo en un mundo en crisis, es necesario impulsar un modelo que permita incrementar sostenidamente la agregación de valor a la producción local –fomentando la sustitución de importaciones- y alentando la expansión de actividades productoras de “bienes colectivos” como salud, educación y vivienda, que pueden mejorar significativamente la calidad de vida de las mayorías sin presionar significativamente sobre el balance de pagos, el talón de Aquiles de la economía argentina.

Pero ello no dependerá solo de la buena voluntad –o no- del gobierno de turno sino también de cómo reaccione la sociedad y cuales sean sus principales demandas. Si no se logra vencer el sentido común “neoliberal”, continuará la concentración económica y se acentuará la desigualdad. Los obstáculos para lograr un cambio de esta índole no son pocos, pero las consecuencias con las que se encontraría la mayoría de la sociedad de no hacerlo serán mucho más negativas.