“Pandemia y agenda migrante en el Cono Sur, una articulación urgente”
En el marco del “Día Nacional del Inmigrante”, la crisis sanitaria expone las vulnerabilidades de esta población que exige atención prioritaria.
Por el Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina (IICSAL).
En un contexto de fragilidad política, económica y social, secuela de un ciclo posneoliberal, la pandemia irrumpe en América Latina. La llegada del covid-19 derrumbó la economía de la región y puso a prueba las capacidades de los Estados latinoamericanos haciendo visible sus debilidades. Sus efectos se expresan en mayores desigualdades de ingresos, nuevos contingentes de precarizados y/o excluidos del mercado de trabajo y retrocesos en indicadores de salud y educación.
La pandemia y la crisis que trajo aparejada impactaron fuertemente sobre la ya crítica situación migratoria de la región. El aumento de personas en situación de movilidad internacional está estrechamente ligado a causas vinculadas a la globalización económica, la concentración de la riqueza con el consiguiente aumento de la pobreza y de la violencia, así como el creciente deterioro del medio ambiente.
Aliviar los problemas que enfrentan las personas migrantes requiere de soluciones cooperativas entre los Estados. Consensos que inevitablemente colisionan con políticas securitarias y propuestas excluyentes cada vez más intransigentes que se profundizaron con el cierre de fronteras por el covid-19.
En este marco las movilidades regionales, en particular la venezolana que llegó en oleadas crecientes al Cono Sur en los últimos años, constituyen un desafío para los estados de la región. La condición de migrante agrega una nueva vulnerabilidad a las precariedades ya existentes, motivo por el cual esta población en tiempos de pandemia requiere atención prioritaria.
En relación con los efectos del covid-19 sobre la salud de las personas migrantes, Benza y Kessler[1] señalan el alto nivel de estrés de los migrantes recientes, en el que inciden distintos factores asociados a la falta de redes de contención y ayuda, el escaso o nulo acceso a los servicios sanitarios y la menor disponibilidad de información. Estudios exploratorios sobre el impacto del Covid-19 en la población migrante indican que, en Argentina, hasta el 30 de septiembre de 2020, el 7% de las personas contagiadas correspondía a personas migrantes Estos valores son superiores al peso poblacional de las personas migrantes sobre la población total del país, presentando algunos picos de incidencia llamativos en ciertas jurisdicciones[2].
En Argentina, un país de tradición receptora de migrantes, desde 2004 rige una ley migratoria basada en la perspectiva de los derechos humanos.
En la actualidad, la población migrante -proveniente principalmente de países limítrofes, y ahora también de Venezuela- conforman el 5% de los habitantes del país.
CUADRO 1.1. DISTRIBUCIÓN POR PAÍS DE ORIGEN – PRINCIPALES NACIONALIDADES[3]
| País de origen | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
| Paraguay | 32,1 | 32,1 |
| Bolivia | 17,5 | 49,6 |
| Chile | 11,4 | 61,0 |
| Perú | 7,6 | 68,6 |
| Italia | 5,9 | 74,5 |
| Venezuela | 5,7 | 80,2 |
| Uruguay | 5,0 | 85,2 |
| España | 4,2 | 89,4 |
| Colombia | 2,7 | 92,1 |
| Brasil | 2,5 | 94,6 |
| Senegal | 1,2 | 95,8 |
| Haití | 0,7 | 96,5 |
| Cuba | 0,6 | 97,1 |
| Ecuador | 0,5 | 97,6 |
| China | 0,4 | 98,0 |
| Otras | 2,0 | 100,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 |
FUENTE: ENMA 2020 (pregunta q_3). Número de respondientes: 3114.
Si bien cuenta con una legislación migratoria que concede el ingreso regular e inmediato a los migrantes regionales, y su acceso igualitario a los servicios sociales como salud y educación, numerosas investigaciones (Domenech, 2007[4]; Pacecca y Courtis, 2008[5]; Cyment, 2019[6]; Pacecca y Liguori, 2019[7]; entre otros) señalan la existencia de una brecha entre la normativa y el acceso efectivo de la población migrante a los bienes y recursos en la Argentina. En lo que compete a la salud de los migrantes, tema crucial en la pandemia, diversas investigaciones identifican dos tipos de obstáculos para el acceso al sistema de salud: las barreras al acceso, vinculadas a condiciones estructurales del sistema, el contexto socioeconómico de la población, su lugar de residencia y sus condiciones laborales, etc.; y los obstáculos para el uso efectivo, asociados a factores culturales, barreras comunicativas, prejuicios, etc.
La migración venezolana llegó también de manera masiva a Chile que, a diferencia de la Argentina, ha sido tradicionalmente un país de salida pero en los últimos años, probablemente debido a la estabilidad de su economía, se ha transformado en un país de acogida. En la actualidad, el 9% de su población no nació en Chile. A diferencia de la Argentina, al día de hoy mantiene una ley migratoria heredada de la dictadura militar, y la nueva legislación que ha sido promulgada en la materia, aún está en proceso de reglamentación para ser aplicada. Especialistas como Carolina Stefoni, Báltica Cabieses [8]y Eduardo Thayer, entro otros, señalan que el cierre de fronteras como consecuencia de la pandemia, la demora en la entrega de las visas y un discurso xenofóbico profundizan la precariedad y se convierten en una barrera para el acceso a los servicios de salud de las personas migrantes.
Los venezolanos y venezolanas que llegan a los países del Cono Sur presentan peculiaridades respecto a otras migraciones regionales precedentes: en su mayoría y a diferencia de los y las migrantes limítrofes, pertenecen a estratos medios y altamente profesionalizados que salen de su país no sólo por motivaciones económicas sino también por razones políticas. Otra característica novedosa del colectivo migrante venezolano es su capital social en términos de capacidades asociativas y la fortaleza de sus Organizaciones Sociales de la Sociedad Civil (OSC), que han logrado gestionar importantes beneficios para su comunidad.
La OIM y el ACNUR han cumplido un papel importante en la facilitación y promoción de los procesos organizativos de venezolanos en la región: la Plataforma Nacional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela de Argentina no solo es una iniciativa inédita a nivel de coordinación de estrategias de estos dos organismos internacionales a nivel local (que solían tener agendas de trabajo separadas), sino que se ha transformado en un espacio de legitimación de las organizaciones venezolanas, de venezolanos y una preciada fuente de recursos (económicos, sociales y políticos) para la incidencia. La función de esta plataforma en los espacios colectivos de agregación de intereses de la población venezolana debe ser analizada y tenida en cuenta como parte de las novedades aparejadas de esta migración. También a escala regional y nacional, organizaciones como el CELS, CAREF[9] e instituciones como el CONICET en Argentina, contribuyen a sistematizar información y comparar la situación actual de los migrantes regionales.
Por su parte, el rol que cumplen las organizaciones de la sociedad civil en el acceso e inclusión ciudadana es cada vez más significativo, no sólo en términos de articulación en los países de acogida sino como nexo para traducir las demandas de las personas migrantes en políticas públicas. En esta línea, actualmente el Instituto de Investigaciones de América Latina (IICSAL; FLACSO-CONICET) se encuentra desarrollando un proyecto de investigación sobre migración venezolana en Argentina y Chile, que apunta a profundizar en el conocimiento e identificación de las brechas de acceso de esta comunidad a la educación, la salud y el trabajo en ambas ciudades capitales. El proyecto cuenta con el apoyo de una red trasandina de trabajo que incluye al IICSAL, las universidades chilenas Alberto Hurtado, Diego Portales, el Ministerio de Educación chileno, el Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo (Chile), la Universidad de Tarapacá (Chile) y el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales-UBA, entre otras instituciones.
El proyecto “Movilidades regionales contemporáneas. Políticas públicas y acceso a derechos de ciudadanía. Un estudio comparado sobre la diáspora venezolana en Chile y Argentina (2015-hoy)”, se presentará el próximo jueves 9 de septiembre a las 18 hs. por el canal de YouTube de FLACSO Argentina.
Para ver el cronograma de la actividad ingrese https://bit.ly/3DJzgvH
______
[1] Benza, G. y Kessler, G. (2021). La ¿nueva? estructura social de América Latina. Siglo XXI.
[2] Debandi, N., Nicolao, J. y Penchaszadeh, A. P. (Coords.). (2021). Anuario Estadístico Migratorio de la Argentina 2020 . Red de Investigaciones en Derechos Humanos, CONICET.
[3] Debandi, N., Nicolao, J. y Penchaszadeh, A. P. (Coords.). (2021). Anuario Estadístico Migratorio de la Argentina 2020. Red de Investigaciones en Derechos Humanos, CONICET, pp. 13-14.
[4] Domenech, E. (2007). Migraciones contemporáneas y pluralismo cultural en la Argentina: el discurso oficial y las prácticas escolares. En D. Jardim (org.) Cartografias da Imigração: Interculturalidade e Políticas Públicas. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pp. 19-45.
[5] Pacecca, M. I. y Courtis, C. (2008). Inmigración contemporánea en Argentina: dinámicas y políticas. CEPAL – CELADE, Serie: Población y Desarrollo Nº 84.
[6] Cyment, P. (2019). Acceso a servicios sociales de las personas migrantes. OIM.
[7] Pacecca, M. I y Liguori, G. (2019) Venezolanos/as en Argentina : un panorama dinámico: 2014-2018. CAREF -OIM – ACNUR.
[8] Stefoni C., Cabieses, B. y Blukacz, A. (mayo-agosto 2021). Migraciones y COVID-19: Cuando el discurso securitista amenaza el derecho a la salud. Simbiótica, 8(2). DOI: https://doi.org/10.47456/simbitica.v8i2.36378
[9] CELS-CAREF. (2020). Laberintos de papel. Desigualdad y regularización migratoria en América del Sur. https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/laberintos-de-papel-desigualdad-y-regularizacion-migratoria-en-america-del-sur/