Entre las aulas y la política, un proyecto educativo común
Pedro Nuñez, investigador del Área Educación de la FLACSO opina en esta nota del Suplemento Ideas, del Diario La Nación del domingo 5 de marzo.
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Entre las aulas y la política, un proyecto educativo común
Mirada. La ausencia de un plan para la educación desde hace décadas desvía e “ideologiza” la discusión actual.
Por Raquel San Martín.
No sólo los alumnos, la valoración de los docentes y la reputación de la escuela pública: el recurrente conflicto alrededor de los salarios de los maestros, que recrudece por estos días, tiene también otra víctima. Es el modo en que públicamente hablamos sobre educación, y que en el fondo puede encubrir un malentendido. En las discusiones, declaraciones y encontronazos en las redes sociales de los últimos días sobrevuela, entre otras, la idea de que la invasión de “la política” en la educación sería una de las causas de los problemas y que entonces bastaría con eliminarla de las aulas para mejorar las cosas. Varios expertos cuestionan esta idea: lo que más falta hoy en la educación argentina es, justamente, política. ¿De qué hablan? En pocas palabras, de la ausencia sostenida por décadas de un proyecto educativo, que articule intereses, necesidades, recursos financieros e ideas sobre el futuro, y que funcione como un mapa y una guía que oriente las discusiones, y no las deje derrumbarse en la “banalidad” o la superficie, donde hoy chapotean cómodas.
“Toda acción de gobierno implica una mirada política. Un proyecto pedagógico del Estado supone una mirada sobre qué tipo de ciudadano se quiere formar, cómo se piensa la relación entre Estado y sociedad. Decir que la educación es una cuestión política es una obviedad. La política educativa es el resultado de una relación de fuerzas entre diferentes actores, como sucede con cualquier política pública”, dice Pedro Núñez, investigador del Conicet en el área de Educación de Flacso. Quizás cueste entenderlo porque, como señala Axel Rivas -director del Programa de Educación de Cippec-, “el contexto de los últimos años es especialmente dañino para la educación, porque ha sido un contexto de polarización. Cuando eso permea el ámbito educativo, pone el incentivo del corto plazo y el incentivo ideológico por encima de un proyecto común”.
“En las definiciones de políticas públicas participan ONG, sindicatos, distintas agencias estatales, las iglesias, organismos internacionales. Eso es desde ya una definición política siempre. Incluso cuando el Estado o algunas de sus agencias decida no participar especialmente, eso también es una definición política que favorece a algunos actores por sobre otros”, señala Núñez.
Más allá de la “revolución educativa” a la que se refirió el Presidente en su discurso en el Congreso el miércoles pasado, no parece quedar claro cuál es el proyecto educativo que hoy debería organizar demandas y orientar acciones.
“Si se mira históricamente, en distintas etapas el Estado tuvo presencia y planteó proyectos educativos, con mayor o menor éxito: la época de la conformación del Estado moderno, la reforma educativa de los años 90 (que se basó en pasar la potestad de la educación a las provincias), la posreforma kirchnerista (en la que el Estado recuperó la voz en la definición de la política educativa, no siempre con éxito, y estableció políticas socioeducativas por fuera de la escuela, para sostenerla). Hoy no sabemos bien cuál es la política”, señala Núñez. “El proyecto político está desdibujado y no hay directivas claras. Creo que eso expresa cierta dificultad para comprender cómo funciona la lógica del sistema educativo y el rol de un ministerio nacional en un país federal, donde la provisión de educación está en manos de las provincias.”
Para Núñez, el rol del Consejo Federal de Educación -formado por los ministros del área de todas las provincias- tampoco se destaca como ese espacio en el que consensuar políticas para todo el país. “Hoy se traslada nuevamente la responsabilidad a las provincias, pero debería haber mínimos de universalidad en el sistema. Sino, queda librado a las diferentes capacidades técnicas y presupuestarias de cada una. Queda librado a producir más desigualdad.” Tampoco los sindicatos están siempre a la altura. “Es lógico que defiendan cuestiones gremiales, pero la crítica que se les puede hacer es que la discusión se limita a salarios y hay poca innovación en las propuestas en otros temas, a pesar de que la mayoría de los sindicatos del país tiene espacios de formación y discusión.” La confrontación Gobierno-Baradel -que hoy es con Macri pero antes fue con Scioli en la provincia de Buenos Aires- no parece el marco más promisorio para pensar una política en común.
Banalidad y desprestigio
Para otros expertos, esta dificultad para construir una política educativa es de más larga data, e incluye también a la sociedad, algo que los recientes conflictos alrededor de los “voluntarios” que se ofrecieron a dar clases en los días de paro sólo retratan de manera particularmente cruda.
“Hace décadas que no hay un proyecto educativo consistente: los sectores dirigentes (no sólo políticos) no parecen interesados y las clases medias (que son el actor principal por el reclamo por calidad educativa en todo el mundo) decidieron que se salvan con la escuela privada -apunta Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella-. En su lugar hay banalidad y un preocupante crecimiento del desprestigio de los educadores. Ya ni siquiera se hacen promesas electorales. La falta de liderazgos consistentes permite casi cualquier cosa y genera debates ridículos: algunos creen que insultar a los docentes va a perjudicar a los sindicalistas, sin comprender que así perjudican a las escuelas y a los chicos. Otros denuncian sin evidencia alguna el ‘desastre’ docente, como si la Argentina fuera una sociedad de excelencia y los educadores fueran una excepción. La novedad son los que creen de buena fe que cualquier persona puede ser ‘voluntario’ y enseñar en una escuela, lo que además de ser peligrosamente pueril contradice todas las quejas sobre la formación de los docentes.”
Como sucede en toda política pública, la educación es también terreno de intereses diversos, y, especialmente en ella, la tentación del corto plazo es alta. “Un proyecto educativo tiene que estar lo menos identificado que sea posible con un gobierno de turno. Un verdadero proyecto debe ser participativo, incluir distintas voces, buscando consensos, poniendo de lado una mirada de largo plazo, y no debe depender para su implementación de un gobierno. Es clave buscar actores con legitimidad y conocimiento para construir un proyecto con visión concreta y salir de la banalidad de la discusión puramente ideológica”, señala Rivas.
Hay algunas pautas en el camino de concretar un proyecto así. Dice Rivas: “Primero, hay que separar algunas decisiones de política de las identificaciones partidarias del gobierno de turno, algo que nos cuesta mucho, en este largo ciclo de polarización que seguimos viviendo. Luego, hay que definir cuánto se va a invertir en educación. Hay dudas legítimas sobre qué prioridad va a tener la educación, en un contexto de dificultades fiscales y medidas que demuestran un énfasis en la recuperación económica que luego traería beneficios sociales. Y hay que definir un rol claro del gobierno nacional en el tema, si va a ser un rector de la educación, si va a equiparar financieramente a las provincias, si va a delegar eso en ellas. Un paso adelante sería la elaboración de un Plan Decenal de Educación, que planifique el largo plazo”.
¿Cómo hacer convivir los intereses gremiales con una política educativa? “Al no haber proyecto educativo y con la clase media privatizando su elección escolar, el único actor que queda en pie es el sindicato docente. En estos años han condicionado las medidas educativas y llegaron a cogobernar. Esto los puso en el centro de la escena y paradójicamente hoy se convirtieron en el chivo expiatorio perfecto: como si los ciudadanos no votáramos funcionarios, que son los responsables de lo que se hace (y sobre todo de lo que no se hace) en las escuelas. Los sindicalistas representan los intereses del colectivo docente, pero los funcionarios representan el interés general de la sociedad: los gobiernos alguna vez deberán construir liderazgos y convocar a la sociedad a cambios genuinos, profundos y concretos. La negociación con los sindicatos debe supeditarse al consenso respecto de ese proyecto y así dejarán de cogobernar la educación”, dice Narodowski.
Mientras el tema educativo alcanza presencia en la agenda pública de manera cíclica, atada a conflictos gremiales, episodios de “violencia escolar” y otras cuestiones críticas, la discusión pública sobre el tema también se empobrece. “Una de las expresiones de esta banalidad es la aparición de nuevos comentaristas de la educación, llenos de frases vacías, comparaciones absurdas con Finlandia, ridículas loas a las neurociencias y una interpretación de datos que reprobaría cualquier parcial de la universidad pero que calzan con el sentido común más burdo. Los llamo ‘especialistas ni-ni’ porque ni se formaron en educación ni poseen experiencia educativa. En estos días de preparo docente están en su salsa y suman más confusión”, apunta Narodowski.
Los costos de la ausencia, por décadas, de un proyecto educativo se pagan todos los días. Y muchas familias -no todas, siempre las mismas- lo hacen en una moneda que trae otras complicaciones: la incertidumbre. Cuándo hay clases, cuándo no, cuánto aprende mi hijo, ¿debería cambiarlo de escuela entonces? “La incertidumbre está, además, desigualmente distribuida. Sin certezas es difícil construir expectativas”, dice Núñez. La escuela también se cuida desde el modo en que hablamos de ella.