Juventudes y violencias: el caso de Villa Gesell

El crimen de Fernando Báez Sosa ocurrido durante la madrugada del último sábado en un balneario de la Costa Atlántica nos vuelve a interpelar como sociedad, haciendo evidente la escasa intervención pública y la alta permisividad social en problemáticas asociadas a las violencias que afectan a las personas jóvenes. No se trata de un fenómeno nuevo, sino una temática que aparece con fuerza y subyace en la opinión pública en los momentos en donde hay eventos masivos con jóvenes de diferentes géneros y grupos sociales. Entre ellos, discos, recitales y fiestas de egresados.

Las problemáticas asociadas a las violencias representan una de las principales causas de la mortalidad juvenil. Según los últimos datos disponibles la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS – Ministerio de Salud de la Nación), en 2018 se registraron a nivel nacional 454 muertes por agresiones (homicidios) en el grupo de 15-24 años. Las violencias afectan a los géneros de forma diferenciada, y dentro del conjunto de muertes por homicidio, 396 correspondieron a varones jóvenes (87.2%), quienes se encuentran abiertamente expuestos a situaciones violentas que se generan en el entorno social en el cual habitan su vida cotidiana.

Muchas voces se han hecho presentes frente a este brutal acontecimiento que provocó la inaceptable muerte de Fernando, en un hecho aberrante e inexplicable. Muchas de ellas, enfocan el debate en las características particulares del grupo que participó del delito (la práctica de rugby), otras en cuestiones asociadas a la clase social (son personas con recursos económicos), algunas otras reflexionaron sobre la intersección entre deporte y elites, analizando la construcción de masculinidades entre los grupos privilegiados. Esta columna, quiere además poner en debate los espacios de “socialización” de las personas jóvenes, en relación a la oferta de tiempo libre, así como la escasa intervención pública y social frente al desarrollo de comportamientos violentos.

En primer lugar, y en referencia a la infraestructura de diversión y el uso del tiempo libre, hace ya tiempo que venimos planteando la necesidad de una mayor regulación de espacios recreativos destinados a la población joven. La intervención estatal es fundamental para la reducción de daños provocados por los consumos problemáticos, así como en sus consecuencias en accidentes viales y comportamientos violentos (de peleas, violencias de géneros, entre otros). La elaboración de programas y políticas de juventud adquieren un lugar central, sobre todo en la regulación de la oferta de “mercado” y la promoción de actividades alternativas, que promuevan conductas saludables. Así como también, la intervención a través de protocolos para la actuación sobre los consumos y las situaciones de violencias que pueden afectar a las personas jóvenes, en estos espacios.

En segundo lugar, nos interesa también proponer una reflexión sobre el rol y el fortalecimiento de las instancias familiares, escolares y comunitarias en la valoración de la vida, la resolución pacífica de conflictos, del cuidado de la salud y la intervención en los problemas que afectan a las personas, sobre todo a aquellas más débiles. En todos los ámbitos de socialización juvenil las personas adultas tenemos el deber de colaborar en una educación que promueva la convivencia democrática, la erradicación de las violencias y las igualdades de género. En este punto, queda aún mucho que trabajar entre el conjunto de los actores sociales, culturales y deportivos, haciendo inaceptable la agresión y el maltrato entre las conductas cotidianas.

Finalizando, queremos expresar nuestra condena, acompañar el dolor de la familia que ha sufrido una pérdida irreparable, al tiempo que exigir justicia sobre este brutal asesinato.