Mesa de cierre del Ciclo de conferencias IICSAL por los 40 años de democracia

El 6 de diciembre de 2023 se llevó a cabo la V, y última, conferencia “Mesa de cierre: perspectivas actuales sobre la migración venezolana y el acceso a derechos”, en la que se reunieron becarias del instituto para reflexionar sobre los diferentes ejes del ciclo. Contó con la participación de destacados/as investigadores/as, representantes de organizaciones de la sociedad civil y estudiantes, en el marco del Ciclo de conferencias IICSAL por los 40 años de democracia: “Migración venezolana y acceso a derechos”.

El foco del encuentro fue promover un diálogo sobre el acceso a derechos de las personas migrantes en Argentina, con un particular enfoque de la migración venezolana. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Laura Golbert, vicedirectora del IICSAL, la cual situó a esta conferencia en el marco del Proyecto de Unidad Ejecutora (PUE) “Movilidades regionales contemporáneas. Políticas públicas y acceso a derechos de ciudadanía. Un estudio comparado sobre la diáspora venezolana en Chile y Argentina (2015-hoy)”. La misma destacó la participación de las becarias del PUE como expositoras en esta conferencia, las cuales reflexionarían sobre las problemáticas abordadas en las otras conferencias del Ciclo: el acceso efectivo al mercado de trabajo, a la educación, a la salud y al ingreso y a la documentación migratoria. Subrayó, también, el lugar central que ocupa en el PUE la perspectiva comparada, la examinación de las brechas que existen entre las normas y su implementación y la colaboración con investigadoras de instituciones chilenas. Luego, ya en su rol de moderadora de la mesa, dio lugar a las ponencias de las distintas expositoras.

El panel contó con la presencia de las becarias del IICSAL Paula Buratovich, Maryoly Ibarra, Jescy Montoya y María Lis Baiocchi.

Las becarias expusieron sobre los temas abordados en las otras conferencias del ciclo, en ese sentido, compartimos algunos ejes del diálogo. Paula Buratovich presentó algunos aspectos sobre el acceso al derecho a la educación de la población migrante venezolana, refiriéndose a los niveles obligatorios del sistema educativo: inicial, primario y secundario de la educación común. Señaló que, si bien los antecedentes sobre el tema son prolíficos en Argentina, aquellos sobre la migración venezolana son incipientes por tratarse de un campo de estudio en desarrollo. Señaló que, según el Ministerio de Educación de la Nación, en 2015 el estudiantado extranjero eran 146.000 estudiantes, aumentando a 147.000 en 2019, mientras que en 2022 había 123.000, los cuales representaban el 1,16% de la matrícula total. Indicó que, de todos los estudiantes extranjeros en los niveles obligatorios, el 96% provienen de países del continente americano, y que mientras que la matrícula de otras nacionalidades latinoamericanas ha ido en descenso, la presencia de la población venezolana desde 2015 a la actualidad ha ido en ascenso, habiendo al año 2022 3.000 estudiantes venezolanos en el nivel inicial, 13.500 en el nivel primario y 7.200 en el nivel secundario. Señaló también que la presencia ascendente de los estudiantes venezolanos se ha concentrado principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en la provincia de Buenos Aires y en menor medida en las provincias de Córdoba, Neuquén, Santa Fe y Mendoza. A su vez, indicó que, según la Encuesta Nacional Migrante (ENMA), el estudiantado venezolano tiende a concentrarse en el sector estatal. Mencionó también que, según lo mencionado en la conferencia por Alejandra Gómez (supervisora del Distrito Escolar 3 de la Ciudad de Buenos Aires), se observan dos olas entorno a la composición socioeconómica y socioeducativa de la población venezolana: una ola alrededor de 2017-2018, prepandemia, donde había familias con mayor nivel socioeconómico y educativo; y otra ola postpandemia, donde se observan familias con menor nivel educativo y socioeconómico. Mencionó también, retomando a Natalia Escoffier (OIM) en la conferencia, que la cuestión educativa ocupa un lugar central en los proyectos migratorios de las familias venezolanas. Y que el derecho a la educación de la población migrante en Argentina se garantiza por instrumentos internacionales y nacionales. También indicó la existencia de Resoluciones de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) que atañen específicamente a garantizar el derecho a la educación de la población venezolana, destinadas al reconocimiento de estudios. Asimismo, según Fernanda Florez (Ministerio de Educación de la Nación) en la conferencia, el acceso efectivo no se limita al acceso, sino que incluye las condiciones de permanencia y de finalización de los niveles educativos. El foco no debe estar solo en que los estudiantes puedan ingresar y adquirir una vacante sino en cómo llevan a cabo su trayectoria educativa. Señaló que las principales brechas entre las normas y el acceso efectivo al derecho a la educación de la población migrante son la intersección entre lugar de nacimiento, clase social, lugar de residencia, tiempo de arribo al país y nivel socioeducativo, la imposibilidad de seguir las trayectorias de los estudiantes migrantes y la exigencia de antigüedad establecida en políticas declaradas como universales. Indicó también que, en el caso de la población venezolana en particular, los principales obstáculos son: las faltas o demoras en la asignación de vacantes, los problemas con la documentación del país de origen, y la asignación de los estudiantes a niveles inferiores a los cursados en Venezuela (señalado en un estudio de Liguori y Pacecca). Indicó también que, según un trabajo de Debandi, Nicolao y Penchaszadeh basado en la ENMA, si bien 9 de cada 10 chicos hijos de migrantes venezolanos asisten a la escuela, un 18% de las familias encuestadas señaló que sus hijos no estaban escolarizados. En términos de facilitadores al acceso a la educación de los niños migrantes, destacó las redes migratorias, las políticas de convalidación de títulos, los materiales de formación docente producidos por el Estado para pensar la migración y los proyectos participativos para promover la inclusión (mencionados por Alejandra Gómez). Instó a seguir monitoreando las brechas existentes y a seguir investigando el tema.

Maryoly Ibarra indicó que, según un estudio reciente de Penchaszadeh y Cerutti, el 97% de migrantes venezolanos accede rápidamente a un empleo, siendo así una población con una alta tasa de ocupación. Señaló también que, según el mismo estudio, el 85,4% de los migrantes venezolanos aportan al sistema de seguridad social. Asimismo, según bibliografía especializada, los primeros trabajos a los que accede la población venezolana suelen ser empleos no registrados, con altos niveles de precarización, con brechas de género y con brechas salariales. Además, comentó que, según la Dirección Nacional de Población (DNP), el 18,9% de los migrantes venezolanos tienen un título universitario, terciario o de posgrado, mientras que el 32,8% tiene un título secundario. Señaló también que, según la bibliografía y lo mencionado por Julieta Casó Besada del Observatorio de la Diáspora Venezolana/Guáramo Ecosistema Migrante en la conferencia del Ciclo sobre el tema, las trayectorias profesionales y académicas de los migrantes venezolanos no tienen una correspondencia con los empleos que obtienen, dado que pocos trabajan de lo que estudiaron o hacían en Venezuela, siendo los sectores más predominantes de actividad el comercio, la venta gastronómica, el cuidado, la limpieza, el mantenimiento y las actividades administrativas y de apoyo. Indicó que los migrantes venezolanos acceden a sus empleos por medio de contactos venezolanos, plataformas virtuales, entregas de CVs en la calle y por grupos de WhatsApp que se arman dentro de la comunidad venezolana. En términos normativos, indicó que la Constitución Nacional en su artículo 20 menciona la igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros y que, particularmente con relación al trabajo, el artículo 14 Bis otorga a todos los habitantes de Argentina derechos laborales. Indicó también que Argentina está afiliada a distintos tratados y protocolos internacionales vinculados al derecho laboral. A su vez, afirmó que los derechos laborales también están estipulados en la Ley de Migraciones y que aplican las mismas leyes a los migrantes y a los nacionales en términos de empleo, contrato de trabajo, forma de trabajo, entre otros puntos. Destacó las prácticas excepcionales que se han ejercido desde el Estado argentino para con la población venezolana por razones humanitarias que se destacan en la bibliografía especializada, tales como la Resolución 230 del 2018 del Ministerio de Educación, que buscaba facilitar el trámite de convalidación de títulos universitarios. Destacó que el acceso al trabajo no se puede entender sin la regularización migratoria, es decir, sin el acceso a la documentación y sin la convalidación de los títulos que muchas personas venezolanas traen. Indicó que, según la bibliografía especializada, el mercado laboral argentino es dual, dividido entre el mercado formal y el informal, y que para pensar en un acceso efectivo hay que retomar las nociones de empleo formal, informal, registrado, en el segmento regulado, como así también las condiciones de acceso. Indicó que el acceso efectivo implica un acceso a una remuneración económica equitativa y justa, protección de los trabajadores mediante la normativa laboral, es decir que puedan acceder a una obra social, asignaciones familiares, aportes jubilatorios, cobertura de accidentes de trabajo, seguro por desempleo, contrato por tiempo indeterminado, siendo estos elementos importantes para entender el tipo de relación contractual y su nivel de formalidad. Señaló que el acceso efectivo es no solo encontrar un trabajo, sino también tener en cuenta en qué condiciones se trabaja. Comentó que algunas de las brechas entre la normativa, la política y el acceso, según la conferencia del Ciclo sobre el tema y la bibliografía especializada, tienen que ver con: el mercado segmentado de trabajo argentino que privilegia la juventud y la masculinidad, muchos empleadores no aceptan la residencia precaria para contratar trabajadores migrantes, la dificultad en el trámite de convalidación de títulos ante la falta de documentación vigente y formas de discriminación laboral. Indicó que en términos de las estrategias de la migración venezolana se encuentran: la vocación cuentapropista, que incluye la creación de negocios propios vinculados a la gastronomía, a comercios y a servicios, el carácter asociativo de la migración venezolana, particularmente en gremios profesionales que buscan no solo la inserción laboral sino el acceso a otros derechos de la población venezolana y la reconversión laboral mediante los programas de capacitación del Gobierno de la Ciudad y del Estado argentino. En términos de las recomendaciones, retomando la conferencia del Ciclo y la bibliografía especializada, mencionó la necesidad de establecer puentes institucionales entre los diseñadores y efectores de las políticas públicas vinculadas al trabajo, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales y la academia; la necesidad de mejorar el acceso a la información sobre programas y políticas públicas para las personas migrantes, como así también la necesidad de pensar la pertinencia de las políticas focalizadas.

Por su lado, Jescy Montoya destacó la importancia de poner en valor leyes como la Ley de Migraciones en el contexto actual. A su vez, señaló la importancia de la misma para el acceso a la salud, como mencionó Mario Rovere en la conferencia del Ciclo, al garantizar el derecho a la salud de las personas migrantes independientemente de su situación migratoria. Remarcó los aspectos instituido e instituyente de la ley, como así también Maro Rovere, y cómo las leyes se trasladan y se traducen en las prácticas de los trabajadores y usuarios del sistema de salud. Indicó que la migración venezolana en la región sudamericana es llamativa en términos de magnitud, habiendo alrededor de 220.500 venezolanos en Argentina. Señaló que el hecho de que haya una ley marco amplia como la Ley de Migraciones ha sido fundamental para generar estrategias en la ampliación de los derechos y en la manera en que los venezolanos y venezolanas pueden ejercer la titularidad de esos derechos y acceder a la salud. Indicó que, según la ENMA, la migración venezolana en Argentina es relativamente joven, dado que más de la mitad se encuentra entre los 25 y 44 años de edad, con similar distribución de género, con un nivel educativo alto y que tiende a ser una migración familiar. Mencionó que, también según la ENMA, las personas migrantes venezolanas tienden a acudir a los servicios de salud, concentrándose en los servicios públicos en los primeros años de residencia en el país. Indicó que la demanda de los servicios de salud se relacionan con la postergación de tratamientos en Venezuela y con las necesidades de los niños en las familias venezolanas. También que, a medida que mejora la situación socioeconómica, aumenta su presencia en las prepagas como un indicador de mejoramiento económico, lo cual tiene que ver con cómo se percibe el sistema público de salud en Venezuela y con cómo se trasladan esas percepciones a la Argentina. Indicó que la Ley de Migraciones ofrece un gran marco que garantiza el acceso a la salud de las personas migrantes y que con la reglamentación de esta Ley se logra garantizar el acceso a la salud de los extranjeros independientemente de su condición migratoria. Destacó como la regularización migratoria es transversal en el acceso a los derechos de los migrantes, dado que, si bien según la Ley no es necesario el DNI para poder acceder al sistema de salud, muchos procesos burocráticos y administrativos en la práctica requieren el DNI, lo cual implica una barrera en el acceso. Destacó el rol del Grupo de Trabajo de Salud y Migraciones como espacio de formación y capacitación de profesionales de la salud para abordar el trabajo con las poblaciones migrantes y cumplir con lo que estipula la Ley, como así también el acceso al Programa Sumar con el CUIL o el pasaporte, sin necesidad de presentar el DNI, como iniciativas importantes para incluir a los migrantes en el sistema de salud. Retomó las principales discusiones que surgieron en la conferencia del Ciclo sobre el tema, tales como: la importancia del enfoque de derechos en las políticas públicas y, como mencionó Mario Pecheny, el abordaje de la vulnerabilidad no como una característica o rasgo inherente al individuo sino como una cuestión colectiva y contextual, es decir, teniendo en cuenta cómo la omisión o invisibilización en las políticas producen vulnerabilidad programática desde las políticas o desde el Estado. También destacó la necesidad de pensar la salud no solo en términos biológicos sino como algo más amplio que debe tener en cuenta otras dimensiones tales como la educación, el trabajo, el derecho a un ambiente seguro. Señaló, como plantearon Laura Gottero y Natalia Debandi, la importancia de la regularización documental como un eje transversal en la posibilidad del acceso a derechos, no solo porque el DNI permite el acceso a ciertas prestaciones, sino también porque tiene aspectos subjetivos en la persona y en el modo en que la persona se posiciona y ejerce sus derechos. Señaló que la bibliografía especializada y el trabajo de campo muestran que, si bien las personas venezolanas se sienten agradecidas al ser atendidas en el sistema de salud sin DNI, el hecho de no tenerlo genera miedo, vergüenza o un sentimiento de inferioridad, de sentir que están abusando del sistema y cómo muchas veces esos sentimientos se traducen en la postergación de la atención, al no querer ser mirados como “el extranjero que viene a abusar del sistema”, sumándose allí los discursos xenófobos que hay entorno a los migrantes en el sistema de salud como los culpables del colapso del sistema de salud. Resaltó la importancia de la producción de información sobre las poblaciones migrantes y las iniciativas como la ENMA, ya que permiten generar conocimiento el cual es valioso para generar políticas públicas basadas en evidencia.

Por último, María Lis Baiocchi se enfocó en el acceso al ingreso y a la documentación migratoria. Mencionó que, en la conferencia sobre el tema del Ciclo, Vincenzo Pensa indicó que el 6,58% de la población en Argentina se trata de extranjeros y que, dentro de ese 6,58%, casi el 0,5% son migrantes venezolanos, lo cual da cuenta de cambios muy significativos en los flujos migratorios intrarregionales y en Argentina en particular en los últimos años. Indicó también que, según Juliana Bello en la conferencia, hoy en día hay 7 millones de personas migrantes y refugiadas venezolanas en el mundo y 6 millones de ellas se encuentran en las Américas, mientras que más de 200.000 de ellas residen en Argentina. Señaló que, según un estudio de la DNP basado en datos de la DNM, mientras que en 2012 menos del 1% de las radicaciones otorgadas correspondían a nacionales de Venezuela, para el año 2020 las mismas correspondían al 39,3% del total. Indicó también que, según este mismo estudio, de las casi 400.000 radicaciones que se otorgaron entre 2018 y 2019, el 35,3% fueron otorgadas a nacionales de Venezuela, ubicando a la población venezolana en el primer lugar en términos del peso porcentual de radicaciones otorgadas en relación a otros colectivos migrantes, siendo la mayoría de las radicaciones otorgadas a nacionales de Venezuela radicaciones temporarias. Mencionó también que, según un estudio de Penchaszadeh, Nicolao y Debandi, la gran mayoría de la población venezolana arribó a Argentina hace menos de cinco años y que según la ENMA, el 8% tenía su documentación vencida, el 2% no había iniciado el trámite de radicación, mientras que el 5% había iniciado el trámite muy recientemente, al mismo tiempo que el 67% no había experimentado dificultades para acceder a la regularización migratoria. Indicó que, también según este estudio, a partir del año 2015 se evidencia en Argentina un aumento progresivo y sostenido del número de personas venezolanas que recurren al sistema de asilo para acceder a un estatuto migratorio regular. A su vez, indicó que, según Juliana Bello en la conferencia, la mayor parte de las personas que se encuentran en el sistema de asilo en Argentina son de nacionalidad venezolana, y al día de hoy 5.500 solicitudes de la condición de refugiado de personas venezolanas siguen pendientes. El incremento exponencial ocurrió entre 2019 y 2021. Mencionó que, según datos estadísticos de la DNM y la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), hay una gran paridad en términos de género en la migración venezolana. También, que en el período 2015-2022, los ingresos, egresos y radicaciones de hombres y mujeres venezolanos/as fueron muy parejos, si bien las radicaciones permanentes muestran una leve feminización. Al mismo tiempo, indicó que, en el caso de los rechazos en frontera, las disposiciones de expulsión y las expulsiones materializadas, se observa un claro proceso de masculinización. Indicó que esto ocurre si bien en Argentina ha habido una política migratoria selectiva, como la llama María Dolores Linares, que ha facilitado el acceso al ingreso y a la documentación de la población venezolana. Mencionó que, según datos de la CONARE, en las solicitudes interpuestas, pendientes y reconocidas de la condición de persona refugiada, se denota una leve masculinización, donde hay más hombres que mujeres nacionales de Venezuela que han recurrido al sistema de asilo. Indicó también que, según datos de la CONARE, hay seis veces más de solicitudes del estatuto de persona refugiada denegadas de hombres venezolanos que de mujeres venezolanas. También afirmó que en Argentina la migración se regula por medio de la Ley de Migraciones 25.871, la cual establece que la migración es un derecho humano y en su artículo 23 establece que los nacionales de Estados parte o asociados del Mercosur pueden acceder a una residencia temporal de dos años que puede luego transformarse en una residencia permanente. Indicó que, si bien Venezuela se encuentra suspendida del Mercosur, como lo mencionó Verónica Jaramillo en la conferencia, el criterio de nacionalidad se ha seguido aplicando en el caso de los nacionales de Venezuela para poder acceder a la documentación. Mencionó que ha habido una serie de disposiciones de la DNM que han promovido la facilidad documentaria de la población migrante venezolana. A su vez afirmó que, según María Inés Pacecca en la conferencia, la Disposición 520/2019 facilitó el ingreso de los niños venezolanos al mismo tiempo que los puso en un limbo legal al no establecer mecanismos claros para el acceso a la regularización migratoria. Mencionó que este problema persiste, si bien la Disposición 1.891/2021 de la DNM se introdujo para subsanar las falencias existentes en el régimen especial de regularización migratoria para niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos/as. Indicó que, según Ana Paula Penchaszadeh en la conferencia, las dificultades en el acceso efectivo al ingreso y a la documentación tienen que ver con los problemas con los turnos, la falta de documentación del país de origen (lo cual fue mencionado también por María Inés Pacecca), las dificultades económicas para poder abonar el trámite y con el cierre de fronteras durante la pandemia por COVID-19 lo cual, según María Inés Pacecca, aumentó la irregularización de la población migrante.

Para finalizar, se realizó una ronda de preguntas y comentarios por parte de los/as asistentes que fueron respondidas por las expositoras.

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